Para el gremio empresarial, el último mensaje a la nación del presidente Ollanta Humala debió traer consigo el anuncio de estado de emergencia en Islay. En entrevista con Correo Semanal, el presidente de la CONFIEP, Martín Pérez, aseguró que no se le debería poner un plazo al diálogo y, que si Southern Perú Cooper Corporation necesita más de los 60 días pactados, bienvenido sea. En su opinión, lo que sucede en el sur del país es el inicio de un movimiento todavía mejor.

¿Cuál es el balance que realiza la CONFIEP a más de 55 días iniciada la huelga por el proyecto Tía María?

No existe proyecto económico ni político que justifique la muerte de un solo peruano. Meno de la mano de otro peruano. No podemos permitir, como vimos, la agresión insana que han tenido los policías. Estos “huaraqueros” no sé cómo no están presos hoy día. Se ha masacrado a la policía a pedradas y no hay mayores detenidos, debería haberlos por cientos. Sin paz social, no hay inversión, si no hay inversión no hay empleo y sin empleo hay más pobreza.

¿A qué apunta el movimiento detrás de los reclamos y reivindicaciones?

A que haya más pobreza y más violencia. A qué apunta, a decir que teniendo derecho a la protesta, tienen derecho a la violencia. Hay que distinguir las acciones de protesta legítimas en Islay, con las acciones brutales a insanas de esta gente ha estado allí y que todos saben, hasta los de Islay reconocen, que son gente que viene de otros lados.

¿Y quién lo promueve?

Detrás de esto hay alguien que en un momento consagró su vida al Señor.

¿Se refiere al padre Marco Arana?

Si, él está detrás. Yo no diría que como un “puppet master” (manipulador de marionetas), más bien como un “master mind” (mente maestra tras un plan).
Estoy sorprendido del poco deslinde de muchas organizaciones, sobre todo pro derechos humanos, que no se les escucha. Tampoco a los partidos políticos, y creo que no se pronuncian porque hay mucho cálculo, mucho ojo al año preelectoral.

¿Quién los financia?

Esa es la gran duda. El Estado está mostrando gran debilidad en defenderse. Todas las instituciones estatales… que incluyen al Ministerio Público, al Poder Judicial. Creo que la Iglesia debería levantar la voz de manera más contundente.

¿Les falta fuerza, claridad, al Estado?

Yo creo que el Estado no está preparado ni ha previsto recibir un embate de esta naturaleza. El proyecto Tía María es importante, pero aquí hay que dejarlo de lado. Hay que diferenciar lo que es una agresión bien montada, bien armada, de un grupo que ha recibido millones de dólares, como refieren algunos congresistas; entonces que en aras de la transparencia, los involucrados digan cómo reciben el dinero.

¿Dónde queda el Estado?

El Estado tiene que intervenir. Incluso debería llamarse a los embajadores de los países cuyas ONG hacen estas donaciones para que vean el daño que le hacen al Perú. Insisto, sin paz social no hay inversión.

¿Debió el presidente Humala decretar el estado de emergencia en su mensaje a la nación?

Creo que el presidente tiene muchas prerrogativas y herramientas que la democracia le da, incluyendo el estado de emergencia, por supuesto. Lo que él tiene que procurar como gobernante es que no haya esta sensación entre los ciudadanos que hoy tenemos. Estamos indefensos. El estado de emergencia se creó para estos casos donde hay convulsión social. Si el presidente considera que lo debe usar, que lo use. Si pedimos firmeza, que haya firmeza, dentro de los cánones democráticos.

¿Antes de que salga de control?

Creo que lo que se va a venir es un movimiento todavía mayor. Esto requiere convocar al Acuerdo Nacional, que todas las fuerzas políticas se pongan alineadas en lo mismo.

¿Esto no afectará la inversión de capitales?

Siempre previo a las elecciones presidenciales hay ruido, hay presiones. Hoy por hoy escucho que hay un grupo muy violento, que se opone al modelo de desarrollo y al actual modelo de crecimiento, que cree que el uso de la violencia va a cambiar al modelo que les interesa, y no lo podemos permitir. Si quieren cambiarlo, que participen en política y que ganen en las urnas.

¿Cómo está el clima de inversiones?

Creo que se ha ido enrareciendo. Todo lo que sucede no es positivo. Los propios resultados de la economía cuando empieza a desacelerarse, alimenta de alguna manera un clima de inversiones adverso. No niego la realidad de hoy en día pero sí soy optimista a 2016, a 2017.

¿Estas últimas acciones le están pasando factura al Presidente de la República en cuanto a índices de popularidad?

Se ha hablado mucho del giro respecto a la Gran Transformación y a la Hoja de Ruta. Eso le recriminan aquellos que sintieron que se iba siempre con la Gran Transformación, pero el presidente nunca habría ganado las elecciones si se iba por ese rumbo. El ganó con apoyo de quienes estaban convencidos de que la Hoja de Ruta era lo que necesitaba el país. Reconocemos que es una acción compleja la que enfrenta el presidente, respecto a lo que dijo en su campaña, y luego la forma como está gobernando.

Los detractores también hablan de que este giro presidencial estaría asociado a su cercanía a grupos como CONFIEP, que estaría demasiado ligado al poder empresarial.

Yo tengo que descartar eso. El presidente está haciendo lo que el mundo hace. ¿Cómo combatir la pobreza de manera permanente? La manera temporal es con los programas sociales, la manera permanente es con la inversión. El empleo es la única forma de combatir la pobreza. En mi caso, no es que tengamos cercanía con un Gobierno o con otro, lo que queremos es que se genere un clima de inversiones que nos permita sacar adelante las intenciones que hoy en día están trabadas.

https://redaccion.lamula.pe/2015/05/24/video-madre-de-detenido-en-islay-policias-me-dicen-que

-tenemos-ordenes-de-disparar-y-matar/ecabral/

OPINIÓN DE PEDRO FRANCKE:

HUMALA RENUNCIA A GOBERNAR

Pedro Francke

El mensaje de Humala del viernes pasado ha sido sumamente revelador, a pesar de que nuestro Presidente no anunció decisión alguna. Ha sido muy revelador porque con su abstencionismo Ollanta anunció a los cuatro vientos que su gobierno había renunciado a gobernar. Tremenda decisión. Menos de dos horas después recibimos el Mensaje a la Nación de quien había sido designado por Ollanta para tomar las decisiones, la Southern Copper, mensaje revelado por boca del mexicano Oscar Gonzales Rocha, presidente de su directorio, aunque el verdadero mandamás es el dueño de la compañía, el también mexicano Germán Larrea.

DE RODILLAS

Humala sustentó su abstencionismo “porque una decisión arbitraria del Estado lo expondría a demandas legales internacionales por incumplimiento, con un importante perjuicio económico para toda la sociedad”. Según el “nacionalista” Humala, el dinero es más importante que la dignidad, que la soberanía, que la libertad, y como podemos perder plata, mejor que otros decidan y nosotros agachamos la cabeza nomás.

¿”Somos Libres, seámoslo siempre”? En realidad hay otra estrofa del himno nacional que me parece viene más al caso, aquellas que habla de nuestra bandera anunciando desde los andes “el esfuerzo que ser libres por siempre nos dio”. Ollanta no quiere hacer ese esfuerzo de estar parados: prefiere estar agachadito nomás.

Por cierto, suspender el proyecto Tía María no sería de ningún modo una “decisión arbitraria”. Hay muchas razones para suspender el proyecto, entre las que destacan la necesidad de restablecer la paz en la zona y permitir un diálogo, la necesidad de revisar el Estudio de Impacto Ambiental por parte de una entidad independiente que genere confianza ciudadana y los fuertes indicios de la participación de Southern en diversos actos de manipulación y corrupción.

La empresa además no tiene licencia de construcción, es decir, NO tiene todas las condiciones legales necesarias para empezar a operar, así que una suspensión del proyecto no significaría parar algo en marcha sino simplemente que no se inicie el mismo.

No sólo eso, esta semana salió a luz que Southern en su EIA había pedido y obtenido permiso para una planta de beneficio de 488 hectáreas, pero que ahora ha pedido iniciar la construcción en 4,449 hectáreas, es decir diez veces más. Para el público eso es algo nuevo, pero esa maniobra la conocía el gobierno desde hace mes y medio que Southern presentó la solicitud respectiva. De acuerdo a José Luis López Folegatti, analista muy lejos de poder ser considerado antiminero, "lo que preocupa es que el viceministro de minas Guillermo Shinno haya considerado que se trata de un error que la empresa deberá corregir, o que de oficio lo corregirá el Minem, cuando lo que debe hacer este sector es rechazar la solicitud y devolver el expediente, y con eso suspender el proyecto minero indefinidamente".

Hay, por cierto antecedentes de proyectos mineros suspendidos. Pocos meses antes de acabar su gobierno y luego de fuertes protestas en la zona, Alan García promulgó el DS 032 que paralizó el proyecto Minero Santa Ana en Puno, de manera definitiva, quitándole la concesión a la trasnacional canadiense Bear Creek. A comienzos de este gobierno el proyecto Conga ya contaba con un EIA aprobado, aprobación otorgada a fines del gobierno de Alan García cuando el director de asuntos ambientales del MINEM era un ex - funcionario de Yanacocha. Nuevamente tras una masiva movilización campesina, el gobierno paralizó Conga y aunque el EIA había sido aprobado, se optó por someterlo a una revisión que encontró problemas en el mismo. Estas son dos muestras de que sí se puede suspender un proyecto minero.

Si estos son dos casos en los cuales no hemos tenido que ir a cortes arbitrales internacionales, hay algunos en los que trasnacionales sí nos han llevado a ellas. El primero fue el caso de la planta de Luchetti ubicada en los pantanos de Villa, que fue cerrada por afectar el área natural por el ex alcalde Alberto Andrade. El dueño de Luchetti, el magnate chileno Andrónico Luksic, enjuició por el caso al Perú en el CIADI – Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones, brazo del Banco Mundial, a pesar que tenía su video con Montesinos. Perdió. El segundo caso, aun en disputa, es el de Doe Run, la minera responsable de la contaminación en La Oroya con plomo. ¿Opinaría hoy Ollanta Humala que mejor no cerrar Luchetti ni parar la contaminación de Doe Run porque podría haber un ”importante perjuicio económico para la sociedad”?

Más allá de que como país podamos y debamos resistir estas presiones que recortan nuestra soberanía, debemos revisar la misma idea de que un estado pueda ser sometido por inversionistas extranjeros a juicio en tribunales arbitrales internacionales. Esta fue una de las críticas que hicimos al TLC con Estados Unidos y China: que se permitieran estos juicios, estableciendo privilegios a los extranjeros que los peruanos no tenemos y socavando la soberanía nacional. Recuerdo como entonces los neoliberales defensores del modelo nos dijeron que era mentira y que eso no podía pasar. Pues ya pasó. Ahora dicen que esto es el costo necesario para atraer las inversiones, pero el premio nobel Joseph Stiglitz ha negado que estos tratados de protección de inversiones tengan algún efecto de atracción de los capitales. Dada la experiencia, debemos nuevamente plantearnos la conveniencia de renegociar estos tratados y defender nuestra soberanía, pero lamentablemente Ollanta ahora acepta a pie juntillas estos arreglos, se inclina ante ellos y quiere reforzar sus cadenas con el TPP.

DIALOGO OCULTO

Cuatro días antes del no-mensaje a la nación de Humala, la ministra de energía y minas le había dicho al país que se había “suspendido las conversaciones con la Southern hasta que se aclara este supuesto hecho delictivo” en referencia a los audios entre Pepe Julio Gutiérrez y el abogado contratado por Southern Gómez Urquizo. En ese momento nos enteramos que, mientras el gobierno no atinaba a establecer un diálogo con los alcaldes y dirigentes del valle de Tambo a quienes llamaban de “terroristas antimineros” sÍ lo había tenido con Southern, y mientras todo el país sabía las ideas y venidas de diálogos y no-diálogos con los miles de peruanos de Islay nadie sabía qué se hablaba entre el gobierno y Southern.

Ya sé que estamos casi acostumbrados a estas conversaciones y arreglos realizados a ocultas con empresas trasnacionales, pero no por eso deja ello de ser algo criticable. ¿Qué ministros se reunieron con Southern o fueron el presidente y la primara dama? ¿Qué dijeron y porqué no figuró en su agenda? Como todo aquello que se realiza a ocultas, estas negociaciones dejan un manto de sospecha: ¡si solo conociéramos los audios!. Esto no está nada bien, y lo reconoció el propio Ollanta cuando en su mensaje habló de “una relación transparente y de respeto entre el Estado y todas las inversiones mineras”. Solo que su relación con Southern no es ni transparente ni de respeto hacia el país.
Las declaraciones de la ministra Ortiz tampoco reflejaban la verdad. Porque es obvio que si Southern da un Mensaje a la Nación apenas 2 horas luego de que Humala balbuceara algunas palabras en cadena nacional soplándole la pluma a la trasnacional, es porque estaba arreglado, acomodado, conversado, dialogado o como lo quieran decir.

NUEVA MINERIA

Mientras tanto hemos tenido algunas noticias de lo que significa “la visión de una “Nueva Minería”, desarrollada no sólo con los más altos estándares internacionales” en palabras de Humala.

El nuevo Director de Asuntos Ambientales del Ministerio de Energía y Minas, que es el ente oficial encargado de aprobar los EIAs de las empresas, es Elvis Javier Medina Peralta, quien viene de trabajar 17 años para la mina Tintaya, prácticamente hasta que la mina cerró, los últimos años como “Supervisor ambiental”. Pero no parece haber tenido mayores logros en el tema ambiental. El monitoreo ambiental realizado con el MINASM mostró contaminación en zonas de influencia de la empresa y, por otro caso, la OEFA (Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental) la multó con un cuarto de millón de soles. Es más que evidente que el señor Medina Peralta tiene responsabilidad en los problemas de contaminación de Tintaya, pero ahora es ¡el encargado de aprobar los estudios de impacto ambiental ¡

Al mismo tiempo tenemos un paro indefinido de los trabajadores mineros, que reclaman solución a sus pliegos de reclamos y sobe todo que cesen las llamadas “terciarizadoras”, más conocidas en el ámbito minero como “contratas” y en las ciudades como “services”. Se estima un 70 por ciento de los trabajadores de esta tan moderna minería que tiene estándares internacionales trabajan mediante estas intermediarias, lo que con toda seguridad no se permitiría en Alemania o Inglaterra, porque no son sino una forma de negar derechos laborales, pagar menos aunque se haga el mismo trabajo y dividir al movimiento sindical.
Y así terminó el gobierno de Ollanta Humala